La pobreza en el Gran Resistencia en el primer trimestre de 2024 fue de 79,5%, la más alta registrada en las últimas décadas. A diferencia del pico de 2003 (65,5%) ahora no estamos saliendo del infierno: nos hundimos cada vez más.
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| Jorge "Pato" Gómez, Ministro de Gobierno y Justicia del Chaco. Foto: Norte. |
Esa proporción de casi 80/20 nos lleva al principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. A saber, el 80% de pobreza se explicaría por el 20% de riqueza. Pero los ricos son muchos menos que el 20%. Son un puñado de privilegiados.
¿Cuándo la riqueza produce pobreza? Cuando su distribución no es simétrica. Cuando unos pocos se la llevan toda. Cuando la desigualdad es ley y cuando las leyes son como trajes a medida para ellos.
Es el caso de las empresas que se beneficiaron del desmonte descontrolado en la provincia. Como dice el titular de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, Enrique Viale: “Son dos algoritmos que van juntos: a más desmonte, más pobreza”.
Para conseguir esos privilegios, los ahora imputados por el fiscal federal Patricio Sabadini se beneficiaron de un ordenamiento de bosques que no se actualizaba desde 2009, y del trabajo mancomunado de actores del sector privado -agentes forestales y empresarios-, funcionarios y legisladores -también empresarios y lobbistas-. Una trama de complicidades y corrupción que la AAAA denominó “mafia del desmonte”.
El tiro de gracia a la conservación del segundo mayor pulmón verde de Sudamérica -El Impenetrable chaqueño- se produjo el pasado 30 de abril a las tres de la mañana, en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la Ley 4005-R, el nuevo ordenamiento territorial de bosques que no sólo amplía drásticamente la superficie de desmontes sino que “blanquea” con números truchos la que ya se había realizado ilegalmente.
FIN DE LA DOCTRINA IRURZUN
Cuando la semana del 14 de agosto el fiscal federal Patricio Sabadini presentó la denuncia impulsada por la AAAA ante la jueza federal N.º 1 de Resistencia Zunilda Niremperger, la noticia ya era un escándalo internacional. El imputado de mayor rango en el Poder Ejecutivo fue el ministro de Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs, pero también fueron alcanzados el empresario forestal y exdirector de Bosques Miguel Angel López, el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal de Halavacs, Luciano Olivares, el intendente de El Espinillo Zenón Cuellar, el exdirector de Bosques Hernán Brumswig y los diputados provinciales Atlanto Honcheruk y Juan José Bergia, sin olvidar a varias empresas del rubro.
Los nombrados fueron denunciados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. A pesar de que son casi los mismos cargos que se le adjudicaron al exsecretario general de la gobernación durante el gobierno de Domingo Peppo, Horacio Rey, en este caso el fiscal no pidió ninguna detención.
Cabe recordar que Rey fue arrestado y encarcelado pocas horas después de presentada la denuncia, con el argumento del riesgo procesal: el peligro de que pudiera influir en el curso de la investigación para eliminar pruebas o presionar testigos por el poder que ostentaba, la llamada “doctrina Irurzun”, madre del lawfare en el país.
Por eso resulta llamativo el montaje de este jueves a la mañana, cuando Gendarmería Nacional allanó la Subsecretaría de Desarrollo Forestal en el séptimo piso de Casa de Gobierno, la Dirección de Bosques en la localidad de Sáenz Peña y la consultora “Hiula”, cuyo titular es el propio Halavacs asociado a Olivares, y se dedicaba a tramitar permisos para desmontes. Los funcionarios, puestos sobre aviso desde el día de la denuncia, han tenido una semana entera para eliminar pruebas y apretar testigos.
UNA SOCIEDAD EFICIENTE
Según Sabadini, como gestor agropecuario, antes de ser ministro Halavacs facilitó el 40% de los permisos de tala entre 2014 y 2021 (tramitó 353 de los 876 que otorgó la Dirección de Bosques). En ese lapso, Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal, era el topo en el gobierno. Ahora que Olivares es su asesor, Halavacs es el que autoriza los permisos.
En una reciente entrevista a La Nación, el gobernador Leandro Zdero, que en ningún momento amagó pedirle licencia para evitar suspicacias o mostrar debilidad política, se mostró sorprendido por la embestida contra Halavacs, “un ministro que no permitió hasta ahora un solo desmonte en la provincia y se lo cuestiona”.
“En nuestra gestión garantizamos no solamente la paralización de los permisos de desmonte, también hemos secuestrado varias topadoras”, agregó. El dato contrasta con la denuncia de Greenpeace, que tras sendos relevamientos satelitales informó que en Chaco entre enero y junio de este año se deforestaron 27.148 hectáreas.
Pero si no se otorgaron permisos y aún así se desmontó el equivalente a la mitad de la superficie de la ciudad de Resistencia en sólo seis meses, por un lado se confirma la existencia de una logística aceitada para seguir depredando a gran escala sin autorización, y por otro, la sorprendente incapacidad de control de un gobierno que se jacta de querer “preservar el monte”. La clave está en otra declaración del gobernador Zdero: “Pero también queremos dejar de ser pobres”.
Para el ministro de Gobierno Jorge Fernando ‘Pato’ Gómez, los allanamientos de Gendarmería “son procedimientos de rutina” porque -insiste- “este gobierno desde el 10 de diciembre hasta hoy no autorizó ningún permiso y si hay irregularidades son de las gestiones anteriores”. No le hace ruido que Halavacs haya gestionado más permisos que ningún otro operador forestal desde el sector privado, y que su socio y exfuncionario, ahora en calidad de asesor, lo haya hecho antes.
REMAKE
Los allanamientos de este jueves, que ‘Pato’ Gómez intentó transformar en un problema de la pesada herencia, son una ‘remake’ que debiera preocuparlos, porque hay pocos antecedentes, y los que hay son puntos de inflexión en materia de corrupción.
El más cercano tuvo lugar en pleno macrismo, cuando las fuerzas federales irrumpieron en Casa de Gobierno para dar el puntapié inicial a dos causas de megacorrupción que sellaron el destino del gobierno de Domingo Peppo.
Hay que remontarse al año 2000 para encontrar otro allanamiento así: el caso de “las tortas de Miguel Pibernus”, un escándalo de donaciones truchas detectadas por diputados de la oposición en pleno rozismo por el que el entonces vicegobernador tuvo que renunciar y más tarde fue condenado.
Rozas gozaba de enorme popularidad, al punto que tres años después hizo gobernador a su delfín, Roy Nikisch, pero la causa hizo mella en su gobierno, y cuando estalló el caso “ProFe” su ministro de Salud Jorge Romero y varios funcionarios fueron catapultados en tiempo récord. Aún así eran “los noventas”, donde la laxitud de un andamiaje institucional cooptado y putrefacto convertía las tragedias en rutinas de bodevil.
A las excusas infantiles de Zdero y el ministro Gómez para minimizar un escándalo que estalla a tan sólo siete meses de haber iniciado su gobierno, se pueden sumar las tiernas reflexiones del Gordo Dan Chaqueño, el diputado liberal-libertario de Juntos por el Cambio, Iván Gyöker, que tuiteó: “Esto es el pico del cinismo. Del entorno de Capitanich traen a un porteño a explicarnos por qué somos pobres, que no tiene ni idea, y de hecho, con su denuncia delirante buscan condenar a la gente de nuestra provincia a la pobreza. El cinismo y desconexión con la realidad es tremenda.”
En cualquier caso las malas lenguas sostienen que si la causa pasa al juzgado de Sáenz Peña, los únicos condenados serán los quebrachos y los yaguaretés de El Impenetrable.