Clientes cautivos y libre competencia: el gobierno nacional quiere quitarle a las provincias el monopolio de los sueldos de la administración pública, un negocio de miles de millones en manos de un solo actor.
El pedido de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía se basa en una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), que concluyó que “el actual sistema beneficia a un solo banco al imponer a los municipios y otros organismos públicos el uso exclusivo de sus servicios para el pago de sueldos”.
Desde 1993 el NBCH tiene la prerrogativa de actuar con carácter exclusivo como agente financiero, pagador, recaudador y depositario de fondos y valores de la Provincia del Chaco, dentro y fuera del territorio. En 2015 prorrogó ese poder por 20 años, hasta 2035.
La normativa afecta a los empleados públicos pero también a los prestadores del sector privado que para ser proveedores del Estado tienen la obligación de contar con una cuenta en el banco de bandera resignando cualquier pretensión de operar con otra entidad.
La exclusividad afecta la libre competencia pero también la libre disponibilidad de los fondos de los clientes, como sucede con el manejo discrecional de las tarjetas de crédito (con aplicación de retenciones y bloqueo de cuentas) lo que convierte al banco en una suerte de sindicatura que, sin leyes ni órdenes judiciales que lo autoricen, resuelve unilateralmente embargos y confiscaciones.
El gobernador Leandro Zdero, que tributa políticamente a la administración de Javier Milei, tendrá que apelar a todo su ingenio para que la intimación nacional no detone el manejo centralizado de esos fondos multimillonarios. La amenaza no es menor: corre el riesgo de quedarse sin coparticipación.