En estos días se cumplen dos años de un encuentro extraordinario que tuvo lugar en Resistencia organizado por la Asociación Americana de Juristas, atravesado por una palabra olvidada: lawfare.
Entre los expositores estuvieron el expresidente de Ecuador Rafael Correa, el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, Atilio Borón, Mempo Giardinelli, Alejandra Gils Carbó y hasta la ministra del STJ Emilia Valle. Participaron expertos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Cuba y Canadá.
La persecución judicial de adversarios políticos arrancó como política de Estado tras la derrota electoral del Frente para la Victoria en 2015. Fue el arco opositor al macrismo el que denunció esa práctica, que llamó ‘lawfare’ y que nunca tuvo la pregnancia esperada.
De aquel encuentro de 2022 recuerdo la notable crónica de Rafael Correa de su propio caso, especialmente por los paralelismos con la “causa de los cuadernos” contra CFK. Eran más que causas armadas ad hoc: eran manuales de instrucciones. Sólo hacían falta periodistas, legisladores, fiscales y jueces alineados, y manos a la obra.
El plan macrista fue tan escrupuloso que la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, organizó grupos de tareas en todo el país con fuerzas federales y provinciales y fiscales que practicaron el espionaje y la denuncia pública hasta de los gobiernos alineados a su administración. El Chaco no fue la excepción.
En 2024, a nueve años vista de ese punto de quiebre, el término ‘lawfare’ desapareció del vocabulario progresista. Deduzco que es porque nadie quiere ser objeto de un carpetazo. Ese encuentro de 2022 en la Casa de las Culturas fue un oasis en el desierto del discurso dominante, quizás un espejismo y, con seguridad, el último hito de una batalla perdida.
Pero el lawfare sigue vivito y coleando. El manual de instrucciones para perseguir opositores está vigente, en muchos casos con los mismos intérpretes. Es el que eligió Leandro Zdero para imponer una agenda que eluda su responsabilidad por el previsible gobierno de emergencia que tenía por delante, con un Milei decidido a arrinconar a todo lo que entrara en su polisémica noción de “casta”.
La práctica del ‘delito de autor’, es decir, elegir un objetivo y ponerse a buscar tipos penales que se adapten a las aparentes irregularidades de su gestión mientras se monta un operativo mediático espectacular, dictado de prisión preventiva mediante, instalación de títulos explosivos mediante, es la parte visible de estas operaciones. Lo que uno no ve es el armado de esas operaciones que, por repetitivas, deberían ser más que evidentes.
Como los tipos penales que buscan con denuedo (a los culpables ya los tienen marcados) son siempre los mismos, y van del lavado que amerita la intervención de la Justicia Federal hasta la malversación de fondos que corresponde al fuero provincial, los mismos fiscales federales y equipos fiscales provinciales repiten una coreografía ensayada hasta el cansancio, y en un movimiento de pinzas tienen a un exfuncionario o a un dirigente piquetero en la gayola.
Desde luego hay una sociedad que ha perdido completamente la brújula, pero sabe que si los políticos son la casta, entonces “Cadena perpetua. Fin”, como dijo una anónima ciudadana en los comentarios de una publicación de Norte en Instagram.
Sé que muchos de esos exfuncionarios hoy lamentan no haber tenido la determinación de perseguir opositores. Se avergüenzan de su falta de coraje y juran venganza en un futuro improbable. Pero eso es problema de los perdidosos.
En lo que a mí respecta, hay algo institucionalmente tan grave, tan extremo, que quienes sentimos algún apego por la democracia, los que formamos parte de “la sociedad política ampliada”, deberíamos estar exigiendo el cumplimiento irrestricto de la Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y el primer paso es dejar de hacernos los boludos, porque están dispuestos a llenar la provincia de presos políticos.