En poco tiempo la metodología de perseguir judicialmente opositores como política de Estado en Chaco va a cumplir su primer añito de vida.
Política de Estado, porque es en toda regla una nueva forma de gestión que reemplaza lo que en otros tiempos era la acción institucional para mejorar la vida de la gente.
Pasarse un año de gobierno encargando auditorías y luego denunciando opositores, o simplemente denunciando sin auditar nada, no es otra cosa que priorizar la pelea en el barro de los tribunales y desentenderse de la gestión. Los resultados están a la vista.
Eventualmente el exfuncionario denunciado termina condicionado en su función natural de controlar al oficialismo, pero eso es sólo un efecto colateral de la denuncia. El objetivo principal es mucho más frívolo: correr el eje, vengarse un cachito, denunciar porque es gratis.
Y es que estos “intérpretes” del lawfare a la chaqueña sólo pueden prosperar en la chatura de una “sociedad política ampliada” que se niega a mirar más allá de sus narices, y a la que cada vez que le sirven un plato de mierda se pregunta si no será, como dice Zdero, dulce de leche.
Para que haya lawfare tiene que haber una Justicia del palo que esté dispuesta a aceptar como prueba media carilla de conjeturas y elevarla a la categoría de expediente. Esto sí que es novedoso: hasta los fiscales y jueces que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos se cuidaron de maquillar la operación para llevar a juicio a CFK presentando “toneladas de pruebas”, aunque éstas fueran corazonadas atadas con alambre. En Chaco alcanza con una esquelita.
La denuncia presentada ayer por la titular del Insssep, Irene Dumrauf, contra el exministro de Hacienda Santiago Pérez Pons cumple con la “ley de la media carilla”. En síntesis, lo acusan de no haber liquidado seguros de vida de afiliados del organismo, que desde que existe el sistema de “autoseguro” creado durante la Era rozista corren por cuenta de la Provincia.
Y sí: hay que cifrar en esos años los primeros reclamos airados de familias que no cobraban la indemnización del Insssep, que les pateaba los pagos durante meses y años. El problema es estructural.
La cosa nació más o menos así: en plena deriva menemista el gobierno provincial decidió sacarse de encima a las aseguradoras privadas y se hizo de toda la masa de dinero de los aportantes. Como los seguros de vida se pagan una sola vez en algún momento en el futuro, pero la plata está disponible mes a mes porque se descuenta de los recibos de sueldo, el gobierno en lugar de reasegurar esos fondos como hacían las compañías para obtener utilidades y garantizar los pagos, comenzó a usarlos para tapar agujeros y hacer política. Los aportes de los trabajadores se convirtieron en un asiento contable: la plata nunca estaba y las demoras en las liquidaciones se convirtieron en el pan de cada día.
Así que volviendo a la denuncia de Dumrauf: en primer lugar es contra su propio engendro: un sistema inventado por algún iluminado del rozismo. Un curro. Un currito, en todo caso, porque al final las indemnizaciones había que pagarlas igual.
En segundo lugar, la presentación de Dumrauf elude precisar las responsabilidades de sus propios funcionarios y militantes en las supuestas irregularidades que pide investigar. Es el caso del actual Jefe de Policía de la Provincia, Fernando Romero, que era el vocal de los jubilados del Insssep durante el gobierno anterior.
En tercer lugar, Dumrauf es una denunciante selectiva: el reemplazante de Romero en la vocalía, el excomisario y militante zderista Raúl Cantero, fue denunciado en mayo de este año por un familiar por exigirle que le entregase el 60% del contrato que le había facilitado.
Según la revista Litigio, “Cantero le habría reconocido a su sobrino que dicho ‘aporte’ era para hacer caja política para el radicalismo de Fontana. Le reconoció además que el suyo no era el único caso: había más contratados que también eran obligados a contribuir”.
Hace un mes la jefa del Equipo Fiscal N.º 1 de Resistencia, Ingrid Wenner, imputó a Cantero por “exacciones ilegales”, un delito que podría costarle hasta cuatro años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años. A veces el tiro les sale por la culata.
Ahora bien, ¿qué dice Pérez Pons sobre la denuncia de Dumrauf? “Cuando asumí encontramos un instituto con una acumulación de deudas que logramos saldar gracias a una buena administración de los recursos. Al cierre del 2023, la deuda acumulada del organismo era de $220 millones. Sin embargo, un año después, la deuda asciende a $1.280 millones. Es decir, han multiplicado por cinco la deuda”.
Si a partir de la creación del “autoseguro” de la provincia los fondos los manejan los gobiernos de turno, y por lo tanto todo se reduce a la voluntad política de cada gobierno de cumplir con los afiliados, entonces la deuda actual del organismo demuestra que el viejo rozismo perdió el pelo pero no las mañas. Y eso para no hablar de la calidad prestacional del Instituto.
La hipótesis de Pérez Pons también abona la teoría de la venganza: él fue uno de los diputados opositores que más activamente se opuso al proyecto de ley del radicalismo para elevar los descuentos del Fondo de Alta Complejidad del Insssep de 1% a 3%, que llevaría el aporte, en un salario promedio, de los actuales $ 20.000 mensuales a $ 45.000. La denuncia apareció una semana después del naufragio de ese intento del oficialismo de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras.
Mientras tanto el gobierno de Leandro Zdero sigue sin exigirle a Milei el pago de los miles de millones de pesos que le debe al Insssep, algo que también denunció meses atrás el entonces senador nacional Víctor Zimmermann, hoy ministro de Ambiente de la Provincia.