Hoy me decía un amigo: “Parece que la política chaqueña trabaja en los tribunales”. Tiene razón: si querés ubicar a un funcionario no pierdas la mañana en la puerta de su despacho, salí a recorrer fiscalías y juzgados y seguro lo encontrás rodeado de periodistas.
Esta locura tiene un lado B. Los fiscales y jueces que en un primer momento se mostraron complacidos por tanta atención dispensada de pronto tienen sobre la mesa más expedientes de los que pueden manejar y son objeto de un escrutinio mediático que dejó de ser gracioso. ¿Qué pasará cuando las denuncias que no deberían haber superado el umbral de la Mesa de Entradas se empiecen a caer como naipes y la gente los putee en la calle? ¿Zdero saldrá a defenderlos? Engolados y solemnes como les gusta mostrarse, no conocen el costo de hacer negocios con el Diablo.
Y esta locura también tiene un lado C, otra consecuencia de esta banalización de la justicia: la saturación de la sociedad, que bombardeada mañana y tarde por nuevas y cada vez más desopilantes presentaciones razona que al final son todos casta, y la democracia y la división de poderes son un chiste. Y si todos son casta, si las denuncias son pases de factura entre piratas que juegan a sacarse el parche, entonces ninguna denuncia vale un minuto de mi tiempo.
Nada más lejos de la realidad. Una cosa es la “ley de la media carilla” (norma no escrita según la cual un fiscal del palo está dispuesto a convertir en expediente cuatro o cinco renglones de conjeturas que no pasarían un test ortográfico de Quinto Grado), y otra cosa son las irregularidades o delitos flagrantes, como la que acaban de denunciar ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas los concejales Lucila Masin, Fabricio Bolatti, Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez, y los diputados Gricelda Ojeda y Rodrigo Ocampo.
Se trata de la contratación directa de la empresa Nelson Melli Construcciones por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, en julio pasado, como parte de un paquete de un total de $400 millones, de los cuales Nelson Melli se quedó con $15.817.150 para obras de bacheo de calles de Resistencia.
Los denunciantes sostienen que por la magnitud de los montos debió realizarse una licitación pública, pero al optar por la contratación directa se vulneraron los principios de libre competencia favoreciendo a una empresa en perjuicio de otros posibles oferentes. También aseguran que para que las contrataciones directas superaran el control de legalidad se habría efectuado un “fraccionamiento de montos” para eludir los topes establecidos, dividiendo el valor de las obras en múltiples contratos menores.
Cabe aclarar que para que Vialidad Provincial u otras empresas realizaran en el ejido municipal de Resistencia las obras de bacheo contratadas, el intendente Roy Nikisch firmó un convenio de cooperación con el titular de la DPV, Omar Ángel Canela. Fue entonces cuando desde las comisiones de Asuntos Generales y Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal comenzaron a elevarse pedidos de informes para conocer la modalidad de contratación de las empresas, el monto total de las obras y otros puntos. Nikisch no respondió ninguno.
Pero todavía faltaba lo más grave. El 21 de septiembre pasado, el periodista Tomás Méndez, de Telenueve Investiga, dio detalles de un posible conflicto de intereses en la contratación de Nelson Melli Construcciones, ya que Marcos Damián Melli, presidente de la firma, es el marido de Alejandra Soledad Flores, Ingeniero Jefe de la Dirección Provincial de Vialidad, funcionaria directamente involucrada en los procesos licitatorios del organismo. Para los denunciantes, al no abstenerse de participar en la contratación, la señora Flores podría haber incurrido en una violación manifiesta de las normas de ética pública.
Si el conflicto de intereses es real -cosa que tendrá que determinar la FIA-, el acto administrativo -la contratación directa de la empresa- estaría viciado de nulidad, pero el hecho también podría derivar en otras responsabilidades administrativas, civiles y penales para los involucrados.