Un movilero de NG Federal persigue por la peatonal de Resistencia a la exministra Marta Soneira. Le pregunta por Mauro Andión. La hostiga como si estuviera frente a Massera. En otro lugar de la ciudad, Molero, el abogado del extitular del IAFEP, explica que no hay razones objetivas para tenerlo preso: no puede alterar pruebas a las que no tiene acceso desde que dejó el cargo, y si en el futuro lo declararan culpable de alguno de los delitos que buscan imputarle, la más alta de las penas es excarcelable.
Unos días antes el COE revienta la vivienda de Gabriela Casa, que termina recluida una semana en el área de Salud Mental del Hospital Perrando. La Nación titula: “Escándalo en Chaco: internaron por la fuerza a una abogada que había denunciado irregularidades en el Poder Judicial”. El pedido de “intervención involuntaria” de la policía sin orden de un juez lo hizo Alicia Alcalá, la defensora oficial y jefa de la abogada.
La solidaridad de los vecinos que se manifiestan frente al edificio del STJ visibiliza el atropello. En las publicaciones de distintos medios locales en las redes sociales no se lee un solo comentario a favor del procedimiento. Todos ven que hay gato encerrado y piden ir a fondo con la investigación. Y todos, sin excepción, condenan la acción patoteril.
La relación nebulosa entre el actual gobierno y la Justicia es insoslayable. Contra el argumento de que no es “la Justicia” sino jueces militantes los que se prestan al lawfare 2.0, hay que decir que el Poder Judicial es mayoritariamente anticoquista y en los grupos de empleados y funcionarios judiciales se aprecia el revanchismo.
Hay por lo demás una cuestión epocal. El gobierno de Javier Milei y el de Leandro Zdero encontraron en el enojo popular el clima social óptimo para el éxito electoral. La transversalidad de ese enojo, como la niebla que parecía bajar sobre la Buenos Aires irreal de Erdosain en Los Siete Locos, se retroalimenta con el cogobierno político-judicial. El resultado es un territorio plagado de espías y delatores, de tránsfugas y cómplices del desguace.
Si hay fiscales y jueces ahítos de venganza que se llevan por delante cualquier garantía procesal con tal de tener presos a piqueteros y exfuncionarios, es porque Milei y Zdero les soltaron la correa. Esto más allá de la feliz coincidencia de que la persecución de adversarios políticos les viene al pelo. Pero insisto: se sienten intocables y las cosas se vuelven personales, como pasó con Alcalá, que se dejó llevar por sus más bajos instintos al solicitar la violenta intervención policial sobre Casas.
La diferencia entre los dos ejemplos mencionados es de grado: la opinión pública celebra a los corruptos presos pero condena la embestida contra una civil. No identifica el denominador común: el desprejuiciado sentimiento de impunidad de los funcionarios judiciales y las permanentes operaciones políticas del gobierno, que demostró que no le tiembla el pulso a la hora de echar periodistas o cortarle la señal a Julio Wajcman.
La estrategia es de manual: mientras se echa en falta al menos una (¡una!) política pública destinada a mejorar la realidad provincial, se pone toda la energía y recursos en la persecución y silenciamiento de los adversarios políticos, y en el ocultamiento pertinaz de los hechos de corrupción que salpican todos los días al gobierno, como el del exministro de Ambiente Hernán Halavacs, cabeza de “la mafia del desmonte en Chaco”.
El caso más reciente es el de Matías Giménez, el operador de Peak Capital que se entregó este jueves. El joven acusado de liderar una estafa piramidal que afectó a más de cinco mil personas (la defraudación superaría los $1000 millones) es un conocido militante radical de Pampa del Infierno y fue candidato a concejal de la localidad por Juntos por el Cambio, en la boleta encabezada por Leandro Zdero, que prometió un cambio y hasta ahora sólo ofreció casta.