¿Dos mil ochocientos millones? ¿Tres mil quinientos millones? Los números de pauta publicitaria oficial chaqueña que se muestran últimamente sólo corresponden a un par de filtraciones de nóminas de pago (porque FAPPO no los difunde y Lotería los escamotea) y a erogaciones que figuran en sendos decretos a los que puede acceder cualquiera, como los fondos para la Cabalgata de la Fe o los viajes espirituales del secretario Resico.
Pero los mecanismos para financiar el cerco mediático involucran a todo el aparato del gobierno y, por falta de control y transparencia, se dibujan haciéndolos pasar por servicios prestados o hasta repartiendo contratos. Todo esto por supuesto no tendría razón de ser si hubiera una ley de pauta, porque los medios a fin de cuentas lo que quieren es laburar. El problema surge por un lado cuando se hace campaña con el verso de la austeridad, y por otro cuando los funcionarios también muerden.
La ley de pauta hasta ahora fue una quimera. Hay muchas razones. En parte porque es una montaña de guita que al no estar sometida a controles cruzados permite el cobro de peaje; en parte porque al ser de aplicación discrecional facilita el sometimiento de las empresas de medios a la agenda del gobierno. Demasiado bueno como para arruinarlo con una ley.
También son sinuosos los criterios que se barajaron en los últimos años para la distribución de la pauta. Por ejemplo, que reciba más guita el medio que tiene mayor tirada, alcance o reacciones en las redes (no son parámetros equivalentes, ni siquiera complementarios) es premiar a quienes se beneficiaron durante años de la ausencia de un marco legal.
Cuando Jorge Capitanich suspendió la pauta por unos meses durante el verano de 2023 a todos los medios chicos pero decidió preservar a los que tenían empleados y estructuras empresariales, dio una muestra de qué pasaría si hubiera una ley de pauta basada en el “mérito”. Jamás evaluó que los medios consolidados llegaron a serlo por la gran cantidad de dinero que él mismo les había transferido en negociaciones privadas, sin ningún control externo ni escrutinio público.
Antes de empezar a hablar de una ley de pauta, hay que desarmar ese mboyeré. En lugar de calcular la distribución de fondos en función del alcance que lograron tras años de recibir guita, debería diseñarse un sistema de handicap, y establecer -como la denostada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- un marco para el desarrollo y empoderamiento de medios con alto impacto social, comunitario, barrial.
Además debería entender que los comunicadores no son sólo los llamados “medios”. El periodista José Viñuela, por ejemplo, tiene 571 mil seguidores en Facebook, 224 mil suscriptores en Youtube, 67 mil seguidores en Instagram, superando en algunas redes, por lejos, a los mayores medios de la provincia. ¿Cómo encaja un “influencer” en la ley de pauta?
Finalmente, invertir 2800 o 3500 millones no alcanzó para que Leandro Zdero en tan solo tres meses rifara gran parte de su capital político. En la encuesta de CB Consultora, el gobernador chaqueño cayó del primer lugar del país en imagen positiva en julio (64,1%) al tercer lugar en agosto (61,5%) y al quinto lugar en septiembre (59,7%). No sólo gastan fortunas: las gastan mal.