Anoche participé de una charla organizada por la Casa Patria Chaco en el Sindicato de Prensa. Junto a Gabriela Pellegrini, Cristina Godoy y Roberto Espinoza hablamos del periodismo en su laberinto, de la pauta, de negocios millonarios, clientelismo, censura, violencia de género y ataques de la casta política gobernante.
Desde la última dictadura no había habido semejante embestida contra periodistas y dirigentes opositores. De hecho, el tema de fondo era el libro que en unas semanas va a presentar Irina Hauser en Resistencia: “Muerta o Presa – La trama violenta detrás del atentado” a Cristina Kirchner.
El proyecto de estos gobiernos no se limita a la mordaza y el apriete a periodistas. Cuando se construye una compleja operación para un magnicidio entramos al mapa internacional como una republiqueta, como Cuba antes de la Revolución. Por eso lo que pasó unos minutos antes de que arrancara la actividad fue más que una nota de color: llegó la Policía.
El agente había recibido la orden de su superior de “tomar los datos de qué se estaba haciendo en el lugar y quiénes eran los responsables”. Nombres, apellidos, DNI.
Las tres o cuatro personas que estaban en la vereda recibiendo a los asistentes le dijeron que lo que pedía era ilegal, y que se estaba prestando a una intimidación. ¿A título de qué la Policía se arrogaba la autoridad para hacer una averiguación de identidades frente nada menos que al Sindicato de Prensa, un espacio en el que se realizan asambleas, actividades culturales, debates, y que representa, si es necesario aclararlo, la libertad de expresión? ¿Quién era “su superior”?
El agente estaba contrariado. Sabía que lo habían mandado a apretar civiles. Pidió disculpas, dijo que no era su intención. Se le explicó que la actividad había sido difundida por todas las redes sociales, que estaban los flyers con los nombres de los expositores, y que si quería datos los sacara de Instagram. Se le mostró la imagen del banner promocional en la pantalla de un teléfono. Le sacó una foto, nos dio las gracias y se fue.
Mientras esto ocurría, el caso de la mafia del desmonte en Chaco se presentaba ante una audiencia internacional en el Vaticano, en la Conferencia Internacional “El Uso Social de los Bienes Confiscados”, donde los Abogados Ambientalistas que impulsaron la denuncia expusieron ante el Vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el Fiscal Jefe Antimafias de Italia y el Director Ejecutivo de Interpol, entre otras personalidades.
El evento, cuentan los protagonistas, se celebró en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. En su mensaje a los participantes el papa Francisco pidió una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. “La lucha contra el entramado público-empresarial en Chaco es indispensable para avanzar hacia una justicia social y ecológica, tanto para las personas como para la Naturaleza”, destacaron los abogados.
El fiscal Sabadini no pidió la detención de ninguno de los imputados en esa causa federal. El gobernador Zdero no le pidió al ministro Halavacs -uno de los denunciados por corrupción- que se tome licencia. Como alguna vez dijo Mempo Giardinelli: "Hay gente que sólo tiene imaginación para llamar a la policía". Si Argentina es Cuba antes de la Revolución, el Chaco es “el prostíbulo de América” de los tiempos de Fulgencio Batista.