Cuando en enero pasado el procurador general adjunto Miguel Fonteina se paró detrás de un atril en el patio de la Escuela de Cadetes de la Policía Provincial, con cientos de elementos secuestrados al MTH de José Barraza como telón de fondo, sus palabras sonaron proféticas: “Estas imágenes lastiman a la sociedad del Chaco. Todo lo secuestrado son productos mal habidos que este pseudo-dirigente utilizó para beneficiarse escudándose en las necesidades del pueblo”.
La presunción de inocencia, te la debo. La prudencia para evitar adjetivaciones, sobre todo teniendo en cuenta la jerarquía del funcionario, también. La puesta en escena fue impactante.
Se inauguraba una nueva Era de relaciones carnales entre la Justicia provincial y el gobierno de Leandro Zdero que tenía entre sus filas como flamante ministro de Gobierno y Justicia a quien hasta unos días antes había sido el coordinador de los fiscales que motorizaron el caso Cecilia: Jorge Fernando ‘Pato’ Gómez. A partir de allí, las intervenciones del poder político en la Justicia provincial fueron una constante.
Hace pocas horas -siete meses después-, el Equipo Fiscal Nº 10 de Resistencia requirió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Barraza.
Fallos express
Para graficar estas “relaciones carnales” alcanza con revisar la reciente decisión de la jueza de Garantías N.º 1, María de las Mercedes Pereyra, que concedió la prisión domiciliaria al dirigente piquetero por su delicado estado de salud, y fue revertida en cuestión de horas por su par, el titular del Juzgado de Garantías N.º 2, Héctor Sandoval, por pedido público del gobierno provincial.
No era la primera vez que Sandoval, que también oficia como juez de Garantías del caso Cecilia, hacía un pronunciamiento a la carta. A principios de julio, también por pedido del gobierno, el magistrado cambió la calificación de la causa contra los padres de César Sena de partícipes necesarios a coautores, lo que no modifica el cálculo de las penas pero sí produce demoras en la elevación a juicio. El objetivo parece más político que judicial: que el juicio se lleve a cabo en año electoral. Luego, si los fiscales tienen que defender una hipótesis que no se sostiene con el cuerpo probatorio y el jurado los declara no culpables, tendrán que darle explicaciones a la sociedad. Zdero se lava las manos.
También hubo expedientes que llegaron a la Justicia ordinaria, como la medida cautelar del periodista Roberto Espinoza, despedido de Ecom por la decisión política de las nuevas autoridades de la empresa estatal, y terminaron en la papelera de reciclaje, esta vez por fallo dividido del Alto Cuerpo. Si nos remitimos a las declaraciones del propio gobernador, la razón “técnica” aducida por cuatro de los cinco supremos no es más que una excusa: “Sos un militante político”, le dijo el mandatario en una reciente entrevista a Espinoza.
El largo brazo de la ley
Pero si el ministro ‘Pato’ Gómez es un enlace de lujo para incidir en las decisiones del fuero ordinario, no ocurre lo mismo con la Justicia Federal. Este miércoles el fiscal federal Patricio Sabadini imputó al ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del gobierno de Zdero, Hernán Halavacs, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
La denuncia fue impulsada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, e involucra además al empresario forestal y exdirector de Bosques Miguel Angel López, al exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal de Halavacs, Luciano Olivares, al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, al exdirector de Bosques Hernán Brumswig y a los diputados provinciales Atlanto Honcheruk y Juan José Bergia.
Los tiempos cambian
Aunque algunos de los tipos penales son idénticos a los de la megacausa “Lavado I”, Sabadini no pidió la prisión preventiva de ninguno de los acusados, como sí lo hizo en 2018 con Horacio Rey, Roberto Lugo y el resto de los involucrados en aquella investigación. En ambos casos, los pedidos fueron presentados ante la jueza federal Zunilda Niremperger.
También hay un rasgo específico en la presentación de Sabadini: no recibió las “pruebas” en un sobre anónimo que alguien deslizó por debajo de la puerta del juzgado, sino que fue el resultado de una pormenorizada investigación sobre el desmonte ilegal que se difundió hasta en medios de prensa extranjeros, de modo que cualquier sospecha de “delito de autor” queda descartada: al fiscal no le quedaba otra que imputarlos a todos.
La buena noticia es que la causa expone una supuesta mafia transversal, sin distinción de banderías políticas, que abarca a funcionarios y legisladores -que también son empresarios- de la anterior y de la actual gestión. No se salva nadie.
Y en lo estrictamente político produce un sacudón que también es transversal: por un lado termina de materializar lo que era un secreto a voces: el interbloque Justicialista, Frente Grande, Nepar y PTP, con más/menos algún bloque, ya no existe, no sólo por diferencias ideológicas sino por intereses contrapuestos: un paso más en la desintegración del modelo que hegemonizó el poder político durante los últimos dieciséis años.
Por otro lado, mete a Leandro Zdero en la misma bolsa de la que tanto se quiso diferenciar: el gobierno radical está lleno de corruptos. ¿Le pedirá a Halavacs que dé un paso al costado, o pagará el costo político de sostener a un imputado por delitos federales en la gestión?