A horas vista del comunicado del PJ que ordena a los diputados del bloque votar en contra del endeudamiento de US$150 millones a riesgo de recibir sanciones partidarias, queda claro que las duras palabras de Jorge Capitanich hacia la gestión de Leandro Zdero no fueron un exabrupto.
Las razones esgrimidas para no convalidar una carga fiscal insoportable para el alicaído bolsillo de los chaqueños y chaqueñas las señaló Capitanich primero en contacto con la prensa, y después las dejó por escrito en el documento circularizado este lunes.
“El endeudamiento propuesto se realiza en condiciones altamente desfavorables para la provincia, con una tasa de riesgo país alrededor de 1500 puntos básicos, lo que constituye una estafa al pueblo chaqueño. Además, las comisiones asociadas son prohibitivas y no se justifica la necesidad de recurrir a este tipo de financiamiento cuando la provincia ha demostrado ser capaz de administrarse adecuadamente”, señala el documento que asimismo condena “la parálisis de la obra pública y la inoperancia e inutilidad ensordecedora de la actual gestión”.
Pero el presidente del partido también fue consultado sobre las declaraciones de Magda Ayala, intendenta de Barranqueras y coquista hasta el 9 de diciembre, que van en línea no sólo con las de Juan Carlos Ayala, diputado que busca la reelección, sino con las de todo el arco peronístico que lo culpa por un mal gobierno, por su posterior ausencia y por la falta de autocrítica.
La respuesta está en el documento, donde advierte que no sólo los diputados que desoigan el llamado a votar contra el empréstito de Zdero sino “los afiliados a nuestro Partido” están bajo la lupa. “El incumplimiento de esta consigna implicará la aplicación de las sanciones establecidas en la carta orgánica y el tribunal de disciplina partidaria”.
DÍSCOLOS
La situación de los diputados es la más urgente por resolver, y no sólo por el proyecto en cuestión. Vienen haciendo lo que se les da la gana, no actúan en bloque y para colmo hacen lobby para sus negocios privados. Atlanto Honcheruk ya había acompañado las modificaciones al presupuesto a pedido de Zdero, pero la gota que derramó el vaso fue el nuevo ordenamiento territorial de bosques.
El berthense, que además de legislador es empresario forestal (la persona idónea para presidir la Comisión de Agricultura y Ganadería), se ganó un lugar entre los denunciados en la causa “Mafia del desmonte” junto a su par del Nepar Juan José Bergia, aliado en el Frente Chaqueño.
La causa federal también involucra a exfuncionarios y a funcionarios actuales. Se entiende entonces que ni el peronismo ni Juntos por el Cambio estén dispuestos a presentar un pedido de desafuero, con todo y que Honcheruk preside también el interbloque y debería, por decoro, dar un paso al costado.
La última vez que se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un caso así fue en 2018 cuando estalló Lavado I. La diferencia es que en ese momento el mismo fiscal, por los mismos delitos, pidió prisiones preventivas a diestra y siniestra.
Con el documento de este lunes Capitanich tensó la cuerda y le respondió al fuego amigo. Si los díscolos vuelven al redil quedará en parte saldada la discusión, y lo que Nicolás Slimel no pudo asegurar como presidente del bloque -ni Honcheruk como jefe del Frente Chaqueño- será sólo un mal recuerdo toda vez que la causa de los desmontes importa en todo el mundo menos en Chaco.
Si, por el contrario, el castillo de naipes se termina de caer, Capitanich se quedará con los leales y así iniciará su camino hacia las legislativas del año que viene. Eso sí, con el sello del PJ.